A cinco meses del terremoto, seis edificios con orden de demolición continúan alterando la vida urbana en Concepción, al igual que otros cuatro inmuebles en otras tres comunas de la provincia.

La tónica es que hay calles cortadas, pasajes acordonados y vigilancia policial, lo que se suma al impacto visual de tener moles de cemento con severos daños a escasos metros del tránsito peatonal y vehicular. Son huellas del sismo del 27 de febrero, las que no podrán borrarse hasta 2011.

Recién a fines del año en curso concluirá un estudio de expertos, contratado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por $700 millones. El informe, que descifrará la metodología de demolición para cada caso, estará listo dentro de cuatro o cinco meses.

Demasiado tiempo, dicen los afectados, hoy desalojados de esos edificios en riesgo. Así lo estima Licidia Barría, quien a sus 90 años perdió su departamento en la Torre Libertad, el que compró al contado. "Esto ha sido horroroso. Perder mi casa a la edad que tengo...", dice la mujer, quien hoy paga para vivir en un asilo.

"Cuando hay un terremoto, quedas en total desamparo y la ley es ambigua", plantea Solange Sansana, uno de los 170 propietarios del edificio Centro Mayor. La afectada reside ahora donde familiares. El gerente del Plan Nacional de Demoliciones del Terremoto, Ricardo Faúndez, detalla que el estudio técnico evaluará los daños de los 10 edificios con orden de demolición, analizará si es factible repararlos o no, y verá riesgos para el entorno.

Los ingenieros diseñarán un modelo computacional de cada edificio, levantarán las fallas que presentan tras el cataclismo, dimensionarán los datos y los incorporarán a una maqueta virtual. A ésta le aplicarán peso, pruebas de sismos, viento, sol y lluvia, como factores de desgaste. Con tal información, se definirá el tipo de demolición.

"Hay edificios que están metidos en zonas urbanas de alta densidad de uso de suelo, de ocupación de área. Por lo mismo, un error en la metodología puede ser fatal", dice Faúndez.

Seguros responden en Santiago

Aunque la mayoría de los vecinos de edificios dañados en la Región Metropolitana aún no tiene soluciones satisfactorias, al menos las compañías de seguros han respondido y comenzaron a pagar a las familias parte de los montos invertidos. Es el caso de los moradores de Sol Oriente, en Macul, quienes están recuperando algo del dinero para costear nuevas casas.

En Don Tristán, en Maipú, también están cancelando los seguros, aunque algunos esperan que la investigación del Ministerio Público encuentre responsables por los daños. Mejor suerte tuvieron en el edificio Regina Pacis, en Ñuñoa, donde los dueños llegaron a acuerdo con las empresas responsables y ya les están reparando losas, tabiquerías y muros al malogrado edificio.